Hoy
día, el cambio climático es una problemática global que cuenta cada vez con
menos detractores. Por ello, no es extraño ver que las noticias relacionadas
con desastres naturales, destrucción de ecosistemas, desforestación (y
similares) son cada vez más frecuentes, inclusive en tiempos anormales, como la
coyuntura de salud pública global actual (COVID-19). Una
de las principales causas del cambio climático es el calentamiento global,
evidente en los aumentos sostenidos en la temperatura promedio del planeta
debido a las emisiones de gases invernadero causadas por la actividad humana.
De hecho, datos de la NASA (Instituto Goddard de Estudios Espaciales) indican
que 19 de los 20 años más calurosos desde que existen registros ocurrieron
después del año 2000, lo cual se convierte en un signo de alerta para hogares,
empresas y gobiernos.
¿Es vulnerable el sector bancario ante el cambio climático?
Según
un estudio realizado por la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), el
sector bancario, de ninguna forma, es inmune ante el avance global de esta
problemática. De hecho, en años recientes se ha visto una preocupación
creciente de los bancos por incorporar aspectos climáticos y ambientales en su
estrategia de negocio y de gestión de riesgos.
Por
otro lado, también se observa una preocupación creciente de los supervisores
bancarios hacia el cambio climático y sus efectos en el sector financiero. En
un discurso en 2015, el entonces gobernador del Banco Central de Inglaterra
(Mark Carney) afirmó que “la evidencia científica y la dinámica de los
sistemas financieros sugieren que, a su debido tiempo, el cambio climático
amenazará la resiliencia financiera y la prosperidad de largo plazo. Aunque aún
hay tiempo de actuar, la ventana de tiempo es finita”[1].
Ello
despertó interés entre reguladores y, en el año 2017 el TFCD (Task Force on
Climate-related Financial Disclosures) publicó una serie de recomendaciones
para mejorar la divulgación de información financiera relacionada con asuntos
climáticos; mientras que a finales del mismo año se creó la red NFGS (Network
for Greening the Financial System) en el marco de la Cumbre One Planet
en París.
En
América Latina, aunque las normativas financieras no abordan explícitamente la
gestión de riesgos climáticos en el sector bancario, es cuestión de tiempo para
que las mismas vayan más allá de aspectos ambientales, sociales y de gobierno
corporativo.
Las
anteriores preocupaciones están sustentadas en los efectos que la
materialización de un evento de riesgo climático puede tener en la cartera de
los bancos, así como en sus inversiones de portafolio. A inicios del año 2019,
el diario The Wall Street Journal catalogó la quiebra de la empresa
PG&E (The Pacific Gas and Electric Company) como la primera quiebra empresarial
de la historia a causa del cambio climático. Específicamente, esta empresa
estadounidense de energía eléctrica (la más grande de este sector en el estado
de California) debió declararse en bancarrota debido al impacto del incendio Camp
Fire en sus estados financieros, que generó aproximadamente 750 demandas en
contra con pretensiones cercanas a USD 7,000 millones, disminución del precio
de su acción de 85% en el mes posterior al incendio, y pasivos totales de USD
30,000 millones al cierre de 2019. Sus acreedores financieros vieron una
debacle cuyos efectos rápidamente se trasmitieron a los balances de bancos,
aseguradores y poseedores de sus activos financieros. El incendio tuvo lugar en
noviembre de 2018, duró 17 días, y arrasó con un área cercana a las 62,000 hectáreas,
equivalente al área de la ciudad de Chicago (Estados Unidos). Fue catalogado como
el incendio más devastador en la historia
del estado de California, y aunque se atribuye a un inadecuado mantenimiento
de la red eléctrica de la empresa PG&E en ese entonces, se ha señalado que
las sequías inducidas por el cambio climático en dicha región exacerbaron este
evento natural.
¿Cómo afectó la declaratoria de pandemia la gestión del riesgo
climático y de las finanzas sostenibles de los bancos?
Vale
la pena resaltar que los niveles de capital del sistema bancario en general son
robustos y superiores a los mínimos exigidos por sus supervisores, lo cual les
permitirá a los bancos continuar atendiendo puntualmente las necesidades de
liquidez y de financiación de sus clientes. No obstante lo anterior, es claro
que en un entorno de desempleo creciente, cierre de pequeñas empresas,
restringida actividad comercial, y disminución en el valor de mercado de
garantías y colaterales, las presiones en los márgenes de rentabilidad bancarios
serán significativos.
Por
otra parte, desde la perspectiva del mercado de capitales, sí se ha sentido un
impacto negativo en la emisión de bonos verdes, tal y como ha ocurrido con
todas las emisiones de bonos tanto soberanos como corporativos. Datos de Climate
Bonds Initiative indican que la emisión de bonos verdes a nivel global
cerró junio de 2020 en USD 80,000 millones, cifra lejana de los USD 257,000
millones de todo el año 2019.
Sin
embargo, podría haber una reactivación de la emisión de bonos verdes durante el
segundo semestre de 2020, con un dinamismo que llevaría incluso a que el año
2020 cierre con mejores números que aquellos del año pasado. A modo de ejemplo,
el pasado 1 de abril - en plena pandemia - la empresa española Iberdrola
(empresa española de producción, distribución y comercialización de energía
eléctrica) sorprendió a los mercados de capitales con una emisión de bonos
verdes a 5 años por un total de EUR 750 millones (sobredemanda de 2,5x) y una
tasa cupón de 0.875%. Por lo general, los bonos verdes atraen a una mayor base
de inversionistas no solo por su componente social y ambiental, sino también
por la calidad crediticia de los emisores, y la rentabilidad que ofrecen tanto
a emisores como a inversionistas.
¿Qué retos enfrentan los bancos al abordar y gestionar el riesgo
climático?
A
pesar del creciente interés de la banca de incorporar asuntos climáticos en sus
metodologías de administración de riesgos, subsisten algunos desafíos para
materializar dicho interés en sus estrategias de gestión de riesgos. Resumimos
algunos de ellos a continuación:
1.
Dificultades para identificar y cuantificar el riesgo climático. La poca disponibilidad de
modelos confiables y la limitada disponibilidad de datos relacionados con el
cambio climático podrían explicar dicha preocupación. Los modelos de gestión
hechos por el premio Nobel de Economía William D. Nordhaus, miden el tema a
niveles macroeconómicos, pero aún no han tenido desarrollo para medir impactos
empresariales específicos.
2.
Capacidad de respuesta limitada para gestionar el riesgo
climático. A
pesar del interés y de la disponibilidad presupuestal de muchos bancos en este sentido,
la ausencia de profesionales especializados en medición y/o modelación de
riesgos climáticos impide avanzar en este frente.
3.
Dificultad para valorar el riesgo climático a precios de
mercado. Por
lo general, los activos financieros no incorporan aspectos de riesgo climático
en su proceso de formación de precios. Similar al punto 1, la limitada
disponibilidad de datos y de mecanismos de mercado que sirvan para crear
precios, podría influir en este reto.
4.
Incertidumbre regulatoria. Aunque los supervisores bancarios de la
región han manifestado su interés de avanzar en este frente, el arreglo de
regulación actual no contempla explícitamente aspectos de gestión del riesgo
climático en el sector financiero (en aspectos como validación de modelos,
exposiciones, límites, etc.).
Otro
reto adicional identificado por la FELABAN, implica que, en algunas operaciones
crediticias, a los bancos de América Latina se les exige ser corresponsables
por cualquier eventualidad social o ambiental derivada de los proyectos que
financian, aun cuando los bancos no intervienen en el proceso de identificación
de este tipo de riesgos.
Hay
que tener en cuenta que los gobiernos cuentan con entidades especializadas (autoridades
ambientales con poderes legales y constitucionales claros) encargadas de emitir
conceptos favorables o desfavorables sobre cualquier tipo de proyecto: desde su
concepción, pasando por su desarrollo, hasta su implementación final. Los
financiadores no pueden ser responsables directos de un tema que escapa a sus
competencias.
Desde
la FELABAN consideramos que la banca no tiene incentivos para invertir o
financiar proyectos amigables con el medio ambiente si deben ser solidariamente
responsables por cualquier riesgo que pueda materializarse, aún teniendo en
cuenta que su labor debe centrarse exclusivamente en intermediar recursos, y no
en determinar si un proyecto mitiga adecuadamente los impactos sociales y
ambientales de su ejecución.
¿Cómo se pueden preparar los bancos para administrar
adecuadamente el riesgo climático?
Con
lo anterior no pretende afirmarse que los bancos no están interesados en
asuntos climáticos de finanzas sostenibles o de créditos verdes. De hecho, cada
vez más bancos en América Latina están adoptando criterios de sostenibilidad
medioambiental y mitigación al cambio climático en su estrategia de negocios y
su estructura de toma de decisiones corporativa. Sin embargo, hay que decir que
la banca podría agilizar aún más dichos esfuerzos si los retos previamente
citados son superados.
Dadas
las restricciones presupuestales y fiscales de muchos gobiernos, en el largo
plazo la mayoría de inversiones verdes deberán venir del sector privado y ello,
a su vez, requerirá de la intermediación del sector bancario en una proporción
considerable. Sin embargo, ningún sector sobresaldrá por sus esfuerzos
aislados, y por ello, es clave una coordinación continua y a nivel
internacional de los sectores público, privado, y multilateral, de modo que
esta transición además de acelerarse, sea lo más ordenada posible.
Los
bancos están listos para dar el próximo paso en materia de sostenibilidad
medioambiental. No hay mejor tiempo para combatir el cambio climático que este
mismo instante. De acuerdo con el World Economic Forum, una vez superada
la pandemia, quizás no hay duda que la humanidad tiene un reto titánico con la
lucha con el cambio climático, porque el tiempo apremia.
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