ANALIZAN A PROFUNDIDAD ACUERDO DE ESCAZÚ

Con la participación de especialistas en temas ambientales, representantes de jóvenes defensores de la Asociación de Exportadores y de la Sociedad Nacional de Industrias, la Comisión de Relaciones Exteriores continuó, analizando y debatiendo la conveniencia o no de que nuestro país ratifique el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo promovido por la Comisión Económica de América Latina (CEPAL) en la ciudad costarricense de Escazu, establece estándares mínimos para el ejercicio de los derechos del acceso a la información, la participación y la justicia ambiental y en la gestión de recursos naturales, lo cuales contribuyen al ejercicio de derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida, a la integridad y a la salud. En la sesión se expuso dos posiciones, por un lado, quienes están a favor de la ratificación de dicho acuerdo, porque permitiría el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales y, por el otro, quienes rechazan la ratificación, ya que podría ser una amenaza para la soberanía nacional.

Sin embargo, el congresista Gilmer Trujillo Zegarra (FP), presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, resaltó la importancia que la decisión de adherirse no tenga un sesgo político.

Lo dijo haciendo referencia a la posición de Chile, que, siendo propulsor de dicho acuerdo, no lo ha ratificado, mientras que solo diez países sí lo han hecho.

“El tema de Escazú tiene un tema ideológico. ¿Cuál es el sesgo ideológico de la CEPALl?, ¿cómo es que ellos lideran Escazú de una manera predispuesta a exponer una posición clara?", dijo el legislador.

Antes Lucía Ruiz Ostoic, exministra del Ambiente, indicó que el vecino país sureño no ratificó el acuerdo, porque se dio el cambio de Gobierno. Fue en alusión a la pregunta planteada por el congresista Orestes Sánchez. “Siendo Chile uno de los países propulsores, y si el acuerdo es bueno, entonces ¿por qué no ha podido suscribir este acuerdo?”, cuestionó el parlamentario.

Por otro lado, el congresista Alberto de Belaunde De Cárdenas (PM) puso en discusión el elemento de competitividad asociado a la ratificación. “¿Cómo afectaría al país el hecho de no ser parte de este acuerdo frente a grandes inversiones en actividades extractivas con impacto en temas ambientales?”, preguntó, al tiempo de observar si traería consecuencias en la competitividad del país para atraer inversiones en comparación a otros países de la región.

“Hay gente que piensa que se perjudicaría las inversiones. ¡No señores! sería al contrario, porque el conocimiento evita la conflictividad”, dijo la exministra del Ambiente.

Ruiz Ostoic informó que el Acuerdo de Escazú es un instrumento jurídico, pionero en materia de protección ambiental y derechos humanos en asuntos ambientales. Busca garantizar la implementación plena y efectiva de tres derechos de acceso en materia ambiental: acceso a la información, a la participación pública y a la justicia.

“Vincula los derechos humanos y la protección del ambiente, no es una amenaza a nuestra soberanía, expresamente reconoce la soberanía permanente de los estados sobre sus recursos naturales, no crea nuevos procedimientos para demandar al Estado, no amplia la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no nos incorpora a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia” dijo, al tiempo de subrayar que el Perú se ha acogido a la jurisdicción de la CIJ mediante Resolución Legislativa 28011 (17-06-2003).

Entre las oportunidades que nos brinda Escazú, reveló que, a mayor acceso a la información, mayor transparencia; en tanto que a mayor transparencia, menor corrupción y menor manipulación; en tanto que, a mayor participación pública en la toma de decisiones, menor conflictividad, y a menor conflictividad, inversiones más fluidas.

En la sesión también participó el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Erick Fisher Llanos, quien observó que “en la práctica, el 100 % del territorio nacional -el andino, costero y marino y especialmente el de la amazonia, que representa el 60 % de nuestro territorio- estaría sometido a una legislación supranacional”.

Advirtió que se abrirían las puertas a criterios y posiciones externas, se fomentaría la mala práctica de buscar “la instancia judicial más conveniente” para un interés particular, se agudizaría los conflictos internos y nos expondríamos a que iniciativas productivas legítimas sean tratadas como ilegítimas.

“Estamos de acuerdo con acuerdos internacionales que ayuden a resolver problemas entre países. Estamos de acuerdo con normas legales para preservar los derechos humanos. Estamos de acuerdo con compromisos globales para cuidar el ambiente, porque es un problema que nos concierne a todos”, dijo.

Sin embargo, subrayó que “no estamos de acuerdo con compromisos internacionales que toman como justificación los derechos humanos y el cuidado del ambiente, para que nuestra libertad para tomar decisiones económicas, sobre nuestro territorio pudiera ser socavada”, por ello, solicito a la comisión la no ratificación del Acuerdo de Escazú.

En la sesión también participó la vocera de la Plataforma Joven Escazú Ahora, Kiara Ordóñez Olazábal, quien sustentó y defendió su posición a favor del acuerdo.

Así también presentó su posición, al respecto, la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, Cayetana Aljovín Gazzani, quien resaltó que nuestro país cuenta con una legislación robusta en materia ambiental y que la adhesión podría ser inconstitucional en temas relacionados a la empresa y atentaría contra la propiedad privada, entre otros.

Antes de concluir la sesión, el congresista Gilmer Trujillo aseguró que la propuesta será materia de un amplio análisis y debate, a fin de llegar a tomar una decisión responsable e informada y con la mayor objetividad, cuidando los intereses del país.